Verónica Ayala / El Norte
Tras la polémica Ley Antiaborto que aprobó el Congreso local, en 2019 se dispararon un 121 por ciento las carpetas de investigación abiertas por aborto, lo que activistas y organizaciones atribuyen a una clara criminalización a las mujeres.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en base a información de la Fiscalía estatal, mientras que en 2018 se reportaron 38 indagatorias, el año pasado se registraron 84.
Esta cifra supera la suma de casos en 2016 y 2017, cuando se registraron 47 y 28, respectivamente, y está muy por encima de los 58 reportados en 2015.
Sandra Cardona, dirigente de la asociación Voces de Mujeres en Acción, señaló que ha habido una criminalización social a partir de la reforma aprobada en marzo que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Cardona, quien es parte de la Red Necesito Abortar, cuestionó que se ha desinformado al hacerlo ver como una práctica prohibida en el Estado, cuando la propia ley lo permite en casos de violación, riesgo de muerte o daño grave a la salud.
“Se ha criminalizado, pero ya no sólo desde el Gobierno, se ha venido haciendo una criminalización social, se hizo demasiado ruido con esto y se desinformó a la población.
“Vemos que hay todo un estigma respecto a eso, un criminalización social”, señaló.
Irma Alma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, coincidió en que el alza en las denuncias es consecuencia de la reforma que criminaliza a las mujeres.
“Es una transgresión a sus derechos”, dijo, “al derecho que tienen de decidir o de proteger su cuerpo”.
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