Guillermo Nieto / El Universal
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La prohibición global del cannabis comenzó de manera formal en 1961, con el primer tratado internacional para el control de drogas, la llamada Convención Única sobre Estupefacientes. Desde entonces, muchos países han intentado políticas regulatorias que permitan evadir la prohibición absoluta de la planta. Desde fines de los años 70 Holanda, por ejemplo, puso en práctica el sistema de los coffeshops que, sin resolver de forma integral el problema, al menos descriminalizó en la práctica a sus usuarios, y permitió un sistema de compraventa controlada.
La siguiente ola de cambios se dio en Estados Unidos, donde desde los años 80 del siglo pasado California comenzó a poner en práctica otra forma de evadir los tratados: la marihuana con fines médicos. A esta manera de darle la vuelta a la prohibición siguieron paulatinamente otros estados de ese país. Actualmente, en los Estados Unidos solo en Idaho, Wyoming, Kansas y Carolina del Sur la cannabis sigue prohibida por completo. El resto de los Estados tienen ya alguna forma de regulación, ya sea con fines médicos únicamente, recreativos, o a veces solo descriminalizando el uso bajo ciertas circunstancias. Hay en curso distintas iniciativas en varios de ellos, para ampliar las regulaciones y, sobre todo, para dar marcha atrás a una política draconiana de sanciones penales que ha tenido como principal resultado el encarcelamiento masivo de personas -especialmente aquellas pertenecientes a minorías- por el solo hecho consumir. A nivel federal, sin embargo, la cannabis sigue estando prohibida por completo. Si bien ello es una contradicción, lo cierto es que los Estados Unidos perdieron su capacidad de imponer a otros países una prohibición que ellos mismos no pueden ya sostener. Es decir, el sistema internacional de control, al menos en relación al cannabis, se encuentra en un estado de coma del que será muy difícil que salga indemne.
En años recientes, Uruguay, y luego Canadá, fueron los primeros países en regular la planta a nivel nacional, tanto para fines recreativos como médicos. Sus sistemas regulatorios son muy diferentes (en Uruguay hay una sola ley, en Canadá los estados tienen la posibilidad de crear sus propias legislaciones, que también varían en alcances y modalidades). Pero lo distinto, en esta ocasión, es que por primera vez esos países abiertamente desafiaron al sistema internacional de control, cuya burocracia internacional no ha dejado de quejarse y tampoco ha podido sancionar o evitar dichas reformas. Jamaica, por su parte, también ha anunciado un proceso regulatorio en el que los productores rurales de cannabis reclaman no solo salir de la ilegalidad, sino que además se reconozca el papel de la planta en la cultura de la isla.
La nueva ola de legalización, así, comienza a expandirse por el mundo. En Europa, España e Italia debaten actualmente modelos regulatorios, mientras que el nuevo gobierno en Alemania anunció una legalización total que iniciará en 2022 y en Suiza se ensayará un proyecto piloto. República Checa tiene marihuana medicinal desde hace algunos años, al igual que Holanda, Inglaterra y Portugal. Asimismo, Irlanda, Francia y Dinamarca buscan, desde 2021, explorar reformas para el cannabis con ese mismo fin.
Mención aparte merece Malta, que a fines del año pasado avanzó hacia un modelo regulatorio sumamente interesante: descriminalización del uso y la posesión, pero no ha permitido -al menos por el momento- el desarrollo de un mercado abierto o comercial. La legislación maltesa, a cambio, ahora permite el cultivo personal y el asociado (clubes de cultivo) como una manera de garantizar un acceso seguro y legal a los usuarios, pero impidiendo que grandes compañías, o intereses comerciales, sean los que determinen el mercado. Es decir, se permiten circuitos de producción y consumo, mas no la venta comercial. Un ejemplo que México bien podría seguir si se limitara a cumplir únicamente con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas al consumo adulto y al privado, pero que no abarcan a un eventual mercado abierto o comercial de la planta.
Israel, por su lado, tiene décadas haciendo investigación con el cannabis con fines medicinales, y su uso se encuentra regulado como política de Estado. Australia anunció, también, que ha comenzado a estudiar cómo avanzar hacia un sistema que podría incluir lo medicinal y lo recreativo.
En África destacan Marruecos –un productor histórico de hashish para el mercado europeo– que ahora busca encuadrar la producción de sus cultivadores tradicionales para dirigirlos al mercado medicinal –una experiencia que México debería conocer más a fondo, dado que existen similitudes con este tipo de producción–; y Sudáfrica, donde la Dagga forma parte de las tradiciones culturales y religiosas de su población originaria.
Asia también avanza, aunque a una velocidad distinta. Tradicionalmente, los países asiáticos han implementado leyes muy restrictivas y punitivas para todas las sustanciasconsideradas drogas, incluida la cannabis (recuérdese por ejemplo, el caso de Filipinas, cuyo actual presidente incluso alentó a matar a cualquier usuario de cualquier sustancia, con el fin de “limpiar” de “viciosos” a toda su sociedad). China, Japón, Vietnam y algunos países más, contemplan incluso la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, así sean faltas no violentas.
En este sentido, Tailandia ahora parece ser el primer país con intenciones de modernizar estas tendencias. Si bien sus primeros avances se encuentran por el lado de la marihuana medicinal, ya removió la cannabis de su lista de sustancias controladas y estudia actualmente cómo descriminalizar el uso con fines recreativos. Sorpresivamente, Malasia recién anunció su intención de revisar su legislación, especialmente para permitir el uso terapéutico de la planta,
En resumen: el mundo comenzó a cambiar en relación a la cannabis desde hace casi 40 años, pero en la última década esta tendencia se ha acelerado de forma vertiginosa. Su prohibición universal y absoluta ya es parte del pasado. La pregunta no es, entonces, si se debe de legalizar o no, sino cómo es mejor hacerlo. Y México, a pesar de las sentencias de la Corte, y de una creciente aceptación para dar el paso, parece estar quedándose atrás. Es hora, sin duda, de actualizarnos. El país está ya más que preparado para eso. Las únicas que no parecen darse cuenta de ello, lamentablemente, son nuestras autoridades y las fuerzas políticas representadas por los partidos.
