Los “Nuevos Derechos” contra las Instituciones Naturales

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F.) Los “Nuevos Derechos” contra las Instituciones Naturales

A lo largo de la historia la familia se ha considerado siempre como la célula fundamental de la sociedad que surge por la libre decisión de un hombre y una mujer para unir sus vidas en matrimonio e iniciar así una nueva familia.

El reconocimiento y la protección que el Derecho da al matrimonio resulta de la contribución que este tiene para el bien de la comunidad al fundarse así una familia, en cuyo seno se transmite la vida y los padres velan por la educación y el desarrollo integral de sus hijos hasta llegar a la vida adulta, en que adquieren plenamente su capacidad como sujetos de derechos y obligaciones en plenitud, adquiriendo así también la ciudadanía, QUE en nuestro país ES a los 18 años.

El Derecho Civil distingue así la capacidad de goce y de protección que tiene toda persona humana, incluso desde que es concebido, como lo tutela el Derecho Hereditario, hasta los 18 años, cuando adquiere la capacidad de ejercicio, que le permite sin la tutela y la patria potestad de sus padres, ejercer por sí mismo sus derechos, asumir obligaciones y tomar sus propias decisiones en plenitud de libertad.

La gran responsabilidad de los padres respecto de sus hijos a los que han traído a la vida, es precisamente darles manutención, techo, cobijo pero sobre todo educación y formación de acuerdo a sus principios y valores, afecto y amor, para que al llegar a la mayoría de edad se conviertan en buenos ciudadanos y hombres de bien que contribuyan al bien común de la sociedad.

Como ya se ha dicho, no solo nuestra legislación sino instrumentos internacionales como La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16.1 establece y reconoce derecho a los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, a casarse y fundar una familia, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, gozando de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Así también lo establece el artículo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al reconocer el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. La que en la mayoría de nuestros códigos civiles se establece a los 18 años y con autorización de los padres incluso a los 16 años.

La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San Jose, establece y reconoce también en su artículo 17.2 el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha sostenido que el derecho a casarse y fundar una familia, contemplado en el artículo 23 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, debe ser entendido en el sentido de que este derecho ha sido reservado deliberada y exclusivamente para la unión del hombre y la mujer, pues es la única disposición en todo el Pacto, que define este derecho usando los términos hombre y mujer, en vez de “todo ser humano” , “todos” o “todas las personas” , expresiones que usa en otros apartados.

En el mismo sentido, las interpretaciones de la Corte Europea del artículo 12 que establece que “el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y fundar una familia”, no consideran que esta disposición pueda ser interpretada para dar acceso al matrimonio a las personas del mismo sexo (Ms Juliet Joslin et al v. new Zeland, Comunication No. 902/1999, U.N. Doc. a/57/40 at 214 de 2002)

El hecho de que se contemple el matrimonio solo para un hombre y una mujer, deviene de que solo a través de la unión de hombre y mujer puede darse la capacidad de procreación y en esta facultad procreativa el Estado tiene un interés directo, pues es justo y conveniente que esa nueva persona y la unión que exista entre ella y sus padres, es decir la familia, sea protegida por el Derecho, pues es la fuente de su subsistencia.

La demografía ha determinado que la tasa de reproducción de la población de un país debe ser arriba del 2.1% para garantizar su subsistencia.

Sin familia, no existiría el futuro de la civilización de ahí el interés legítimo del Estado en su protección.

En contra del matrimonio natural y la familia, se ha venido impulsando desde instancias internacionales en las últimas décadas a cambiar y demoler la legislación que protege a la célula básica de la sociedad, pero destruida la familia, la civilización se vendría a pique, toca a los legisladores defender la institución del matrimonio y a la familia.

I.) El avasallamiento de las Cortes

La sociedad que sabe que sin la familia no podrá sostenerse, ha rechazado por elemental sentido común y de supervivencia la inmensa mayoría de estos embates para establecer legalmente el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo, así, en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, cuando se consultó a su población, en diversos Estados de la Unión Americana, en 31 referéndums para tratar de establecer el llamado “matrimonio homosexual”, ha sido votado en contra por los ciudadanos, incluyendo las dos emblemáticas “sedes” del movimiento homosexual, California y Nueva York.

A pesar del claro rechazo de su población en 31 referéndums, fue la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la que en resolución de junio de 2015 abrió las puertas al matrimonio para parejas del mismo sexo.

En México, sin antecedente de consulta alguna a la población, solamente bajo el impulso del Gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrart se aprobó con el voto de los asambleístas del PRD en 2007 la legislación del aborto para concebidos en embarazos de menos de 12 semanas de vida, lo que ha costado más de 150,000 vidas inocentes en el vientre de sus madres hasta el 2015 y posteriormente 18 Estados en nuestro país han elevado a rango constitucional la protección a la vida humana en el vientre materno desde la concepción hasta la muerte natural.

Posteriormente el Distrito Federal aprobó también con el respaldo mayoritario de legisladores del PRD en el 2014 el “matrimonio” homosexual que también fue legislado en el Estado de Coahuila, en el Gobierno de Moreira, y en el Estado de Quintana Roo, pero ante el rechazo popular en distintos Estados de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, al igual que lo hizo la Corte de Estados Unidos con diferencia solo de 24 horas respecto de la sentencia denla Corte Americana, emitió una jurisprudencia que consideramos sin suficiente fundamento y motivación y contraria a los sentimientos de la Nación para establecer el acceso al matrimonio a las personas del mismo sexo, con el aventurado y ridículo “argumento” de una supuesta discriminación que no existe, como se pone de manifiesto en las consideraciones de esta iniciativa ciudadana.

En efecto, al no contar con el respaldo del pueblo, sin mediar consulta alguna y violentando legislaciones estatales de décadas que respaldan y reconocen la protección del matrimonio natural hombre – mujer, la Corte con interpretaciones caprichosas e ideologizadas, determino de un plumazo el 12 de junio de 2015, en la jurisprudencia 43/2015 que el matrimonio no tiene nada que ver con la vinculación hombre-mujer, ni con la procreación, no obstante que son parte de la naturaleza misma de la institución del matrimonio desde hace siglos como se acredita en esta exposición de motivos.

 

II.) La División de Poderes

Con su jurisprudencia la Corte resuelve que la Ley, el Código Civil, de cualquier Estado de la República Mexicana, que considere que la finalidad del matrimonio está vinculada a la procreación o que defina al matrimonio como el vínculo que se celebra entre un hombre y una mujer resulta inconstitucional.

En nuestro régimen constitucional, la soberanía popular reside en el pueblo (artículo 39) y el Estado mexicano se constituye en tres poderes, (artículo 40) el Ejecutivo, al que le corresponde el ejercicio de gobierno, encabezado por el Presidente de la República, el Legislativo, al que toca la creación de la Ley y el ejercicio del control constitucional, presupuestal y la supervisión de las cuentas públicas con la representación del pueblo de México y el Poder Judicial al que compete la resolución de las controversias que se suscitan con la aplicación de la Ley.

El Poder Ejecutivo trabaja en el ámbito del presente con la conducción del gobierno federal, las políticas públicas conforme al plan nacional de desarrollo, y la aplicación de la Ley; el Legislativo trabaja en el ámbito del futuro con su función primordial de la creación de la Ley para regular las relaciones de convivencia en la sociedad y entre los poderes públicos; y el Judicial que trabaja hacia el pasado resolviendo las controversias de la aplicación de la Ley.

No obstante el principio fundamental y constitucional de la división de poderes, la jurisprudencia de la Corte en materia de los “matrimonios” de personas del mismo sexo, en virtud del cual, dicha jurisprudencia solo sería obligatoria en el ámbito de las resoluciones del propio Poder Judicial, pretende injustificada e ilegalmente forzar a los poderes legislativos de los Estados de la República a legislar según su caprichosa jurisprudencia, llegando al extremo de expedir a través de su Dirección de Comunicación Social una excitativa a los Congresos Estatales, a quienes corresponde la legislación civil que comprende el matrimonio, para que legislen y cambien la Ley para reconocer el “matrimonio” entre parejas del mismo sexo.

Este exceso que vulnera y atenta contra la soberanía de los Estados, fue reconocido en entrevista de la Ministra Olga Sanchez Cordero de visita en Guadalajara, Jalisco, que al ser cuestionada por la prensa, no tuvo más remedio que reconocer que la Corte no tiene facultades para obligar a legislar a los Congresos de los Estados, lo que violenta el Pacto Federal y que la jurisprudencia solo es obligatoria para los tribunales federales que ante las eventuales demandas de parejas del mismo sexo que reclamen acceder al matrimonio, tendrían que emitir sus resoluciones en el mismo sentido de la jurisprudencia emitida por la Corte.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha emitido también el 20 de Diciembre de 2015 la Recomendación General 23 a los Gobernadores y Poderes Legislativos de los Estados de la República, para legislar en favor de los “matrimonios” homosexuales, al considerar que “la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección de la familia” y que “el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles o sociedades de convivencia resultan discriminatorias, pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente” y que “resultan contrarios al derecho de autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad”, conforme al criterio de jurisprudencia 43/2015 sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior a pesar de que como lo sabe la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, NO existe ningún Tratado, Pacto o Convenio Internacional de Derechos Humanos que establezca un supuesto “derecho” al matrimonio homosexual ya antes al contrario, existen resoluciones del más alto Tribunal Internacional de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que ha establecido en diversas resoluciones como se precisara más adelante en esta exposición de motivos, que NO existe tal derecho y que los Estados son libres de establecer en su legislación el matrimonio solo entre un hombre y una mujer, pues no existe discriminación alguna.

Así pues, estamos ante una acometida de un avasallamiento de la Corte que pretende violentar la soberanía de los poderes legislativos estatales y forzar una legislación con base en resoluciones caprichosas e ideologizadas, sin la debida fundamentación y motivación y sin soporte en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Al ser abordado por los medios de comunicación la ministro Olga Sanchez Cordero declaro que la Corte solo ha resuelto conforme a la Ley en favor de los “matrimonios homosexuales” y que si a alguien de la sociedad no le gustan sus resoluciones, lo que deberían hacer es impulsar el cambio a la Ley.

Con relación a esa declaración, como se pasara a demostrar en esta exposición de motivos, estimamos que la Suprema Corte no ha resuelto en la jurisprudencia en comento y en otras resoluciones que afectan y atentan contra la familia y la salud publica conforme a la Ley y al Derecho, mas sin embargo, decenas de miles de ciudadanos le tomamos la palabra y presentamos esta que es la PRIMERA INICIATIVA CIUDADANA, en los términos de la reforma política- democrática a nuestra Constitución aun recientemente aprobada, para presentar esta Iniciativa de Reforma Constitucional al Artículo 4º a fin de establecer sin lugar a dudas la protección del matrimonio y la familia natural en nuestra Carta Magna.

III.) Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atentan contra la familia.

Lamentablemente nuestra Suprema Corte ha emitido durante 2015 cuatro resoluciones que afectan a la familia en nuestro país y ponen en peligro el sano desarrollo de millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, que son el más valioso recurso y reserva de la nación.

Como señalamos en comunicación dirigida al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2015, la Corte ha emitido en los meses recientes diversas resoluciones sobre temas de enorme trascendencia para las familias, la sociedad y la nación, con las que un sector muy amplio de la sociedad civil no está de acuerdo, precisamente en este sector nos encontramos los más de 220,000 ciudadanos que suscribimos esta iniciativa popular que viene a ser la primera en nuestra historia constitucional, promovida por ciudadanos independientes.

Nos referimos a las resoluciones sobre el mal llamado “matrimonio homosexual”, el divorcio exprés o sin causa, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y el consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos.

a.) La jurisprudencia sobre el “matrimonio homosexual” o de parejas del mismo sexo.

La Primera Sala de la Corte, compuesta de 5 ministros, con el voto a favor de 4 de ellos, establece su jurisprudencia pretendiendo sustentarla en dos “argumentos”, la supuesta discriminación para parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio, violándose en su perjuicio la garantía constitucional de no discriminación establecida en el artículo 1º constitucional.

Asimismo la Corte considera que se vulnera el principio de igualdad entre las personas, que deben ser tratadas con igualdad ante la Ley y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Sin duda, todos las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, hombres, mujeres, homosexuales, niños etc. Esto nadie lo puede cuestionar y es precisamente en respeto a esa eminente dignidad, que todas las personas deben ser tratadas en igualdad de condiciones ante la Ley.

Sin embargo, esta igualdad no es absoluta, se traduce en diferentes formas, no a todo el mundo se le da lo mismo, sino que de acuerdo a determinadas condiciones existen diferencias que no vulneran el principio general de igualdad ante la Ley, pues existen diferencias que no atentan contra la misma dignidad de las personas.

Para que exista una discriminación violatoria del principio de igualdad ante la Ley lo primero que debe existir es que ante situaciones iguales se dé la negativa de acceder a un derecho en igualdad de condiciones.

Si bien es cierto que el hombre y la mujer como personas son iguales en dignidad y respeto, lo que debe reconocer y tutelar la Ley, no es menos cierto y resulta irrefutable, que el hombre y la mujer son distintos y complementarios física, sexual y psicológicamente, ya que no es lo mismo una pareja de hombre y mujer, que pueden transmitir la vida a través de su unión sexual, que la pareja de dos personas del mismo sexo.

Atenta contra la realidad objetiva y la naturaleza misma de los seres y de las cosas decir que no existe otra diferencia entre una pareja heterosexual y una del mismo sexo que la orientación sexual.

Solamente con la unión de un hombre y una mujer se puede dar la procreación y esta facultad no existe de manera natural entre personas del mismo sexo, sin que por eso sean menos personas, simplemente son diferentes, por lo que no existe discriminación alguna pues sería una injusticia tratar a dos diferentes tipos de parejas de la misma manera.

El interés del Estado, del derecho y de los legisladores al proteger y tutelar el Matrimonio solo entre hombre y mujer, no se basa en entrar a regular una relación estable de dos personas que se quieren, sino en una realidad objetiva de lo que está en juego, que es el fruto de esa relación que son los hijos, el bien común de los padres, la familia y la sociedad.

Si bien es cierto que no todas las parejas heterosexuales pueden procrear, por problemas o incapacidades particulares en algunos casos, sin embargo, en potencia, cualquier unión de un hombre y una mujer puede traer una nueva vida y los casos de parejas que no pueden procrear son la excepción a la regla, el Estado legisla sobre la regla y no sobre excepciones.

Por el matrimonio como institución más que milenaria, desde su etimología, mater – madre monio – protección, se busca precisamente la protección de la madre y el fruto de sus concepción, los hijos, desde la misma etimología se precisa que es el matrimonio y las parejas del mismo sexo no encajan en esta concepción milenaria, porque obsecrase en cambiar precisamente la escénica del matrimonio como lo establece su misma etimología para hacer caber situaciones distintas producto de un interés particular de afecto entre personas del mismo sexo, que puede ser respetable pero ajeno a lo que es la institución del matrimonio, como se da por naturaleza y como la recogen y protegen nuestros códigos civiles ?

El matrimonio es así una institución de orden público e interés social, que es protegida por el derecho como vía natural de perpetuación de la especie y cuidado y formación de los hijos, mientras que las parejas del mismo sexo obedecen a un afecto particular, que debe respetarse pero no equiparase al matrimonio.

Ninguna Corte puede negar este interés público y especial que el Estado debe tener respecto del matrimonio natural de un hombre y una mujer que no tiene y que no existe en ninguna otra relación.

No puede pues haber igualdad entre los desiguales y esta no puede forzarse por una ficción o un arrebato jurídico, el mal llamado “matrimonio igualitario” no resiste un análisis antropológico y biológico, el hombre y la mujer son biológica y sexualmente distintos y complementarios y esta realidad se impone mas allá de las determinaciones judiciales como la jurisprudencia de la Corte.

El argumento del derecho al pleno desarrollo de la personalidad, no resulta tampoco sostenible para justificar la exigencia del acceso al matrimonio de personas del mismo sexo, aunque este “derecho” ha sido objeto de recientes interpretaciones, encuentra sus orígenes en la Declaración de los Derechos Humanos en donde se prescribe y reconoce el derecho de toda persona a buscar su plenitud y desarrollo humano, precisamente en el libre ejercicio de los derechos humanos.

No obstante, de lo anterior no puede colegirse como se pretende ahora indebidamente por algunos que ese derecho, no tenga límite alguno y se imponga sobre elementos objetivos de la naturaleza misma de los seres y de las cosas, si pretende ejercerse este derecho en correlación con el derecho a no ser discriminado, sin limitación alguna, de la exigencia de reclamar el acceso al “matrimonio igualitario” se pasara mas tarde con la mismo criterio a exigir “el derecho” a no ser discriminado por gustos o inclinaciones o preferencias sexuales, dando lugar a la legalización de la pedofilia, la zoofilia o las relaciones entre padre e hijos, como ya ha sucedido en algunos países.

El derecho a la libre autodeterminación tiene por supuesto, limites en la naturaleza misma, de lo contrario podría llegarse al extremo de respetar el “criterio “de quien se considere a sí mismo un elefante, quien en esas circunstancias debería ser objeto de tratamiento psiquiátrico, lo que parece un absurdo lo vemos ya en la realidad en países como Australia en donde existe una clasificación de más de una veintena de “géneros” cuando biológicamente solo existen dos sexos, varón y mujer.

Como ya hemos dicho, el Tribunal de Estrasburgo, la Corte Internacional más importante de Derechos Humanos que cuenta con 47 países miembros y 17 jueces ha determinado que no existe discriminación en la legislación que establece el matrimonio entre hombre y mujer y que no existe un supuesto derecho humano al matrimonio homosexual o “igualitario”.

b.) El Divorcio Exprés o sin causa

Esta resolución de la Corte en septiembre de 2015 valida la legislación del Distrito Federal que establece la procedencia del divorcio a petición de uno de los cónyuges sin expresar causa, después de un año de celebrado el matrimonio, se fundamenta también en la interpretación extrema del derecho al libre desarrollo de la personalidad y no atenta según la Corte contra la sociedad y la familia, sino por el contrario “la protege y fortalece al tratar de evitar conflictos”.

En su sentencia la Sala de la Corte considera que es correcto negar el amparo al cónyuge que solicitaba la protección de la justicia federal por considerar que se violaba en su perjuicio precisamente el Artículo 4º Constitucional que protege la organización y el desarrollo de la familia, al aplicar el demandar la acción de divorcio sin causa.

La Sala de la Corte sostiene que de lo contrario se violaría el derecho al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que ya no desea permanecer unido a su consorte.

La Suprema Corte convierte así al matrimonio en algo desechable y lo que es peor argumenta en sus sentencia que lo hace en protección de la familia, rompiendo además de manera abrupta con el principio jurídico universal que establece que ” la validez y el cumplimiento de los contratos, no puede quedar al arbitrio de uno solo de los contratantes” siendo que el matrimonio es considerado un contrato ante la Ley Civil.

Con su sentencia la Corte cambia la naturaleza del matrimonio como un vínculo legal que por su propia naturaleza tiende a ser permanente y lo reduce al nivel del noviazgo, para que pueda terminar a voluntad de solo uno de los esposos. Bajo ese criterio que razón tendría que tuviera que esperarse un año como lo establece el Código Civil del Distrito Federal para la acción del Divorcio Express porque no 5 o 10 años o ninguno? de cualquier manera se afectaría el derecho al libre desarrollo de la personalidad que sostiene la Corte.

Pero la Sala de la Corte, en este caso por votación dividida de 3 votos a 2 y con la expresión de dos votos particulares, desnaturaliza la institución del matrimonio bajo el supuesto razonamiento de que si no existe la voluntad de uno de los consortes debe disolverse el vínculo que solo pudo surgir con la voluntad de ambos” y se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Resulta evidente que el matrimonio trae en consecuencia por el libre ejercicio de la voluntad de los contrayentes una serie de limitaciones al libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges al decidir casarse, como lo es la natural discriminación de otras personas para formar una pareja, pues han optado libremente el uno por el otro, la libre disposición del tiempo personal o del uso de los recursos económicos, en aras de compartir la vida y consolidar una familia, pero esto parece pasar desapercibido para los tres ministros que hicieron mayoría y avalaron la legislación que demuele el matrimonio en el Distrito Federal y que amenaza extenderse con la aplicación de esos criterios a otros Estados de la República.

c.) La adopción de niños por parejas del mismo sexo.

Un mes antes de la resolución de la Sala de la Suprema Corte que avala, a nuestro juicio, sin el debido fundamento el divorcio exprés o sin causa, en agosto de 2015, el Pleno de la Corte, con el voto de 9 de los 10 ministros presentes, resolvió el denominado “Caso Campeche” por el que se abrió la puerta para posibles adopciones de parejas del mismo sexo.

La Corte al resolver el caso de “Campeche” nuevamente bajo el criterio de que no se puede “discriminar” a las parejas del mismo sexo o a uniones de convivencia, en el derecho a adoptar, abre la puerta a dichas adopciones en perjuicio de los niños, pasando por alto, salvo el voto en contra emitido por el Ministro Eduardo Medina Mora, que es el menor quien es protegido por el Derecho para poder vivir en una familia, en atención al interés superior del niño a su pleno desarrollo, pero NO existe por si, el derecho a la adopción de cualesquier pareja, incluidas las parejas heterosexuales. Es el menor en estado de orfandad o abandono, el que tiene derecho vivir en una familia, con padre y madre para poder alcanzar su pleno desarrollo.

Por otro lado, como se demuestra por las investigaciones y estudios al respecto existen en México un mayor número de parejas heterosexuales, hombre – mujer que buscan una adopción, que niños en estado de orfandad o abandono sujetos a posibles adopciones, lo que hay que agilizar es el proceso de adopción y no pensar en autorizar las adopciones a parejas del mismo sexo donde los niños no tendrían un desarrollo natural por la sencilla razón de que los niños nacen de la unión de un hombre, el papa y una mujer, la mama, y no hay otra forma natural de traer niños al mundo, las “cigüeñas” no existen para estos efectos.

No se da en los hechos la falsa disyuntiva que expreso en su momento el ministro ahora Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Maria Aguilar, cuando dijo, “¿Vamos a preferir que tengamos en la calle niños que estén pidiendo limosna… en lugar de vivir en una unión familiar, a fuerza de impedir que sociedades del mismo sexo, no puedan adoptar?” (Excélsior 11 de Agosto de 2015) Está probado también científicamente que la inestabilidad en parejas del mismo sexo es 40% mayor a la de las parejas heterosexuales de varón- mujer, como se hace referencia en diversos estudios a los que ya se ha referido esta exposición de motivos.

Como declaro el propio Ministro Medina Mora, único ministro que expreso su voto en contra, “¿para que se pierde el tiempo en cosas que no son trascendentes para la sociedad, cuando en Campeche no existe una sola Unión de Convivencia a más de un año de que fue aprobada la Ley que las permite?” (Excélsior 12 de agosto de 2015) ¿Cuál es la obsesión y el interés de impulsar las adopciones de parejas del mismo sexo en perjuicio precisamente de los niños a quienes solo es atribuible ese derecho?

Cuáles son los efectos desastrosos para el equilibrio en el desarrollo de la personalidad de un niño o niña que resulta que por adopción, de pronto se encuentra con que tiene dos Papas o dos Mamás? contra lo que la propia naturaleza humana contempla como posible y única vía para transmitir la vida.

Como dijera Roberto Relly escritor norteamericano ex director de La Voz de América, en su libro Making Gay Okay publicado en 2014 sobre el impacto demoledor en las sociedades de Occidente al imponerse la cultura Gay en la cultura y los valores aceptados, se está distorsionando la naturaleza de la realidad y la justicia se reduce a lo que es deseado en lugar de lo que es natural y razonable.

Hoy los Ministros de la Suprema Corte olvidan cual es el papel de la familia y el matrimonio y en contra de la naturaleza que establece un orden natural de las cosas y de los seres, como dijera Aristóteles hace siglos, quieren romper con todo principio de moral natural y racionalidad y solo miran al capricho de su interpretación atajando cualquier argumento de orden antropológico descalificándolo como un prejuicio.

Así viene construyéndose por los Ministros una realidad alternativa a la verdadera realidad del orden natural, que busca imponerse, olvidando que las cosas y los seres tienen por si mismos un fin natural que es bueno y les es propio, como escuche alguna vez a un defensor del orden natural, “a nadie se le ocurriría tomarse el café por las orejas”, pero ahora la Corte ha resuelto que el matrimonio no debe tener nada que ver con la procreación o limitarse a la relación entre un hombre y una mujer, después de esto el camino para la aprobación de las adopciones para parejas del mismo sexo, esta pavimentado y más tarde para impulsar la aprobación del incesto o la pederastia, pues al fin lo que importa es la satisfacción de los deseos que “no deben ser discriminados en el libre desarrollo de la personalidad”

d.) Consumo recreativo de la marihuana.

La sentencia de la Corte que autoriza el consumo de marihuana para entretenimiento, o uso lúdico, otra vez escudada en el argumento del libre desarrollo de la personalidad de los individuos y en que supuestamente solo tiene escasos efectos nocivos, empuja a las familias a un precipicio de decadencia, adicciones y mayor violencia.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los adictos que mueren por consumo de heroína, iniciaron su camino adictivo por la puerta de la marihuana. La marihuana no es de escasos efectos nocivos, según el National Institute on Drug Abuse, de Estados Unidos, es un 70% más tóxica que el tabaco y es un disparador muy importante para cáncer de pulmón, garganta y tráquea.

Nuestra deficitaria infraestructura de Salud Pública que enfrenta serios problemas presupuestales para atender la salud de los mexicanos, vera incrementadas las demandas de atención con la adicción que se generara en nuestros jóvenes por el “inocente e inofensivo” esparcimiento de fumar marihuana.

 

La Secretaria de Salud y la Comisión Nacional Contra las Adicciones no fueron consultadas y posteriormente a la Sentencia de la Corte su Titular Manuel Mondragón y Kalb declaro que “la marihuana si tiene consecuencias para la salud y que legislar su consumo no detendrá el crimen organizado” (universal 30 de noviembre de 2015) no hay que olvidar que Mondragón y Kalb fue también Comisionado Nacional de Seguridad Publica y es un conocedor tanto del tema de las adicciones como de la seguridad pública, pero la Corte tiene otra opinión para considerar el uso recreativo de la marihuana como inocuo y un buen ejercicio del libre desarrollo de la personalidad que no debe obstruir el Derecho.

 

Por otro lado, no podemos dejar de apreciar que el Estado ha mostrado su incapacidad para controlar el consumo de las drogas legales, que en el caso del alcohol, ya tiene 10 veces más adictos que todas las drogas juntas, de los cuales al menos medio millón son menores de edad.

 

Nuestra deficitaria infraestructura de Salud Pública que enfrenta serios problemas presupuestales para atender la salud de los mexicanos, vera incrementadas las demandas de atención con la adicción que se generara en nuestros jóvenes por el “inocente e inofensivo” esparcimiento de fumar marihuana.

Fernando Cano titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones ha advertido que “si se amplía el campo de consumo y de cultivo, obviamente el daño va a ser mayor y la o que del Sistema Nacional de Salud no es suficiente para atender esos brotes” (Reforma 19 de Octubre de 2015)

La estadística social y criminológica acredita según la Universidad de Navarra, que por la adicción a la marihuana en la juventud se aumenta y propicia el abandono de los estudios, se producen graves trastornos y se inicia no pocas veces en la delincuencia.

No es un dato menor el que la ex esposa de Ibrahim Abdeslam de 31 años, quien se hizo estallar en la cafetería Comptoir Voltaire en los atentados del Estado Islámico el año pasado en París, que impactaron al mundo, declaro que su ex esposo “era un vago sin trabajo que fumaba marihuana todo el día y que nunca fue a la mezquita… sus actividades favoritas eran fumar hierba y dormir”.

¿Es quizás el ejemplo que busca para los jóvenes mexicanos la Corte con su resolución, cobijada en que la prohibición del consumo de marihuana para diversión viola el libre desarrollo de la personalidad?

Son millones de mexicanos los que no entendemos los supuestos fundamentos de estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que consideramos que estas políticas son devastadoras contra el humanismo y la familia.

El pasado 18 de febrero en audiencia con el Ministro Presidente de la Suprema Corte, ministro Luis Maria Aguilar, nos expresaba que son criterios e interpretaciones que los ministros han dado a nuestra Constitución y que si no estábamos de acuerdo que el camino era reformar la Constitución.

Pues bien, aun considerando que las resoluciones de la Suprema Corte carecen de suficiente fundamento, como ya se ha expresado, estamos promoviendo precisamente la presente iniciativa de Reforma Constitucional por la vía de una iniciativa popular, ciudadana, con el respaldo de más de 220,000 ciudadanos que han dado su firma para reformar nuestra Constitución Federal.

La Reforma busca establecer en el artículo 4º de la Carta Magna, el reconocimiento del matrimonio natural hombre-mujer como la base y fundamento de la familia, que es la base de la sociedad y debe ser protegida por el Derecho y las políticas públicas, tal como lo reconocen todavía resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (julio de 2015) y los Tratados y Pactos Internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto de San Jose, Costa Rica.

Esperando que se pueda proceder a un análisis y a un debate respetuoso, con base en argumentos, con el auxilio y la información de las ciencias, la antropología, la biología, la sociología, la psicología, la medicina, la estadística, la criminología, etc. Estamos convencidos que de procederse así, la iniciativa obtendrá el respaldo de la mayoría de los senadores de la república y en su momento de los diputados federales y los Congresos de los Estados y México podrá tener en sus familias un verdadero impulso para el desarrollo humano integral.

Si se destruye el matrimonio y la familia se dinamita el ancla de la sociedad y se atenta contra el futuro de nuestros niños y de la civilización.

Las leyes no pueden cambiar la naturaleza humana y cuando van en su contra los efectos de la demolición de la civilización saltan a la vista y ponen en riesgo el futuro para todos, esta es la situación de crisis que atraviesa la familia en México y que hay que enfrentar y resolver, consideramos que la aprobación de esta Iniciativa Ciudadana de Reforma al Artículo 4º Constitucional, contribuiría en forma importante para lograrlo, en bien de nuestras futuras generaciones.