Divorcio sin causa – Equidad conyugal

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“Más de uno le debe el éxito a su primera esposa, y su segunda esposa al éxito”, dijo sabiamente alguna vez el extinto actor Jim Backus, quien caracterizaba al millonario Thurston Howell III en la serie sesentera “La Isla de Gilligan”.

 

Esta frase célebre viene a colación porque el próximo 1 de septiembre empezará el periodo ordinario de sesiones el Congreso del Estado de Nuevo León, y uno de los temas anunciados para su discusión es el de las reformas a la legislación civil en materia de divorcio y derechos conyugales de naturaleza económica o patrimonial.

 

Concretamente, lo que se discutirá es una iniciativa de reformas que pretende se instituya la figura jurídica del divorcio sin causa (no se espante), que tendría que ir aparejada necesariamente con una compensación para la parte económicamente débil en el matrimonio, que en la gran mayoría de los casos es la mujer.

 

El tema no es nuevo.

 

Muchos casados han tenido el sueño guajiro de poderse divorciar en forma automática sin necesidad de pleito ni consentimiento del consorte.

 

Los registros más antiguos están en el Antiguo Testamento y se tiene conocimiento de que en las sociedades romana y griega existía el divorcio por repudio, sin obligación de demostrar causa alguna; derecho que era exclusivo de los varones.

 

Pero ahora la propuesta es equitativa.

 

En nuestro País, al menos en Coahuila, Guerrero, el DF y Edomex, existe lo que se conoce como divorcio incausado, con indemnización para quien se dedicó al hogar, así como la posibilidad de reclamar la reparación del daño moral para quien lo haya sufrido.

 

Tradicionalmente, para divorciarse es necesario el consentimiento del cónyuge o bien demandar y acreditar en juicio alguna causal, lo cual resulta muy costoso económica y emocionalmente.

 

La reforma propone un procedimiento que permita a cualquiera de los esposos iniciar un procedimiento de divorcio sin el consentimiento del otro y sin invocar causa alguna.

 

Se debe acompañar una propuesta de convenio en donde queden garantizados los derechos de los hijos, la forma de liquidar la sociedad conyugal, en caso de que hubiere, y una compensación económica para quien se dedicó al hogar, en caso de separación de bienes, no superior al 50 por ciento del valor de los bienes del otro cónyuge que se hubieren adquirido durante el matrimonio.

 

La forma de concluir el procedimiento varía en cada entidad, pero la constante es que no es necesario acreditar causal alguna, los derechos de los hijos quedan resguardados y las cuestiones patrimoniales se dirimen de forma más equitativa.

 

El propósito es, por una parte, crear mecanismos mucho menos agresivos para disolver un matrimonio; y por otra, revertir la desventaja económica y laboral en la que se encuentra la mujer que no tuvo la precaución de casarse por sociedad conyugal, a pesar de saber que se dedicaría al hogar y con ello a la larga quedaría a merced del esposo.

 

Este tema lo abordé con más detalle en una colaboración publicada en estas páginas el 7 de enero de 2004 y a su texto me remito.

 

Bajo este escenario, la reforma es necesaria.

 

Porque si un hombre decide divorciarse e iniciar un segundo matrimonio con una mujer enamorada de su dinero, no es justo que a la primera la deje sin patrimonio, cuando ella cuidó el hogar.

 

Sólo una duda: ¿qué sucederá con la mujer casada por separación de bienes, que salió a trabajar por necesidad, controló el hogar a distancia, no cuenta con patrimonio y el esposo sí formó el propio?

 

Para la mayoría de los Diputados reformistas, pasaron inadvertidas las millones de mujeres casadas, madres, trabajadoras y sin patrimonio, a quienes excluyó de los beneficios que conceden a quienes gozaron del privilegio de sólo dedicarse al hogar.

 

Pequeño gran detalle.

 

 

lugarza@lmgabogados.com